No es una decisión aislada. Es parte de una estrategia más amplia impulsada desde el poder, primero bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuandola Claudia Sheinbaum, que ha erosionado los contrapesos democráticos que garantizan la libertad de los ciudadanos.
Hoy, el Estado mexicano enfrenta el riesgo de convertirse en un aparato sin límites efectivos, donde la autoridad sustituye a la legalidad.
Señalamos con claridad que existe un patrón preocupante:
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Debilitamiento del juicio de amparo
El instrumento histórico de defensa ciudadana frente al abuso del poder ha sido reducido en su alcance, dejando al ciudadano en estado de vulnerabilidad. -
Captura del Poder Judicial
Las reformas impulsadas han comprometido la independencia judicial, rompiendo el equilibrio entre poderes que sostiene a toda democracia funcional. -
Intromisión en la vida privada
La ampliación de facultades para acceder a información personal y financiera vulnera derechos fundamentales y abre la puerta a abusos. -
Reformas electorales regresivas (“Plan B”)
Se pretende debilitar la representación ciudadana, afectando directamente la pluralidad política en municipios y estados. -
Congelamiento de cuentas sin orden judicial
Una medida que rompe con principios básicos como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Los derechos que hoy están en riesgo no son concesiones del poder en turno. Son conquistas del pueblo mexicano a lo largo del siglo XX: desde la Revolución Mexicana, pasando por el movimiento estudiantil de 1968, hasta las exigencias de justicia frente a la represión de los años setenta.
El Estado mexicano se construyó sobre la base de instituciones fuertes, no de decisiones unilaterales.
Debilitar esas instituciones es debilitar a México.
La oposición tiene una responsabilidad clara: defender el orden constitucional. No se trata únicamente de señalar errores, sino de construir un contrapeso real que proteja a los ciudadanos.
El momento exige claridad y determinación. Debemos informarnos y no normalizar estos retrocesos, en el que los sectores productivos defiendan la certeza jurídica, que la comunidad jurídica active todos los mecanismos de defensa disponible, y que los partidos políticos de oposición, actuén con unidad y visión de Estado.
México necesita un frente común ciudadano que defienda la legalidad, las libertades y la democracia.
No podemos permitir que el país avance hacia un modelo donde el poder no tenga límites.
Defender a México hoy es defender sus instituciones
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