México merece una democracia fortalecida: por qué debe anularse este proceso viciado
A pocos días de celebrada la elección de jueces y magistrados, ha quedado en evidencia una serie de irregularidades que no pueden ni deben pasar desapercibidas. Desde su origen, este proceso ha estado plagado de vicios: una iniciativa mal concebida, impulsada con opacidad, sin diálogo ni consenso, en un Congreso sometido por presiones, amenazas y componendas. Legisladores que debieron velar por el interés público fueron reducidos a meros operadores de una línea dictada desde el poder.
La elección por tómbola, los requisitos mínimos que no se respetaron, los perfiles sin trayectoria sólida: todo fue parte de un montaje diseñado no para fortalecer al Poder Judicial, sino para subordinarlo. Lo que debería ser un proceso abierto, con propuestas, legal y con los mejores perfiles se convirtió en una farsa con consecuencias profundas para la división de poderes en México.
Y lo más grave: el partido en el poder no tenía la mayoría para llevar a cabo esta reforma, pero aun así impuso su voluntad sin diálogo ni negociación. No se cabildeó, no se debatió, no se buscó construir. Se impuso. Se trató de arrebatar el poder judicial para convertirlo en un instrumento más del Ejecutivo. Se pretendió instalar un segundo piso del autoritarismo, eliminando los contrapesos, debilitando la justicia, y colocando jueces a modo.
Las denuncias sobre la distribución de “acordeones” en plena jornada electoral, la bajísima participación ciudadana (apenas el 13%), y la evidente intromisión del partido oficial en el proceso son señales de alarma que no deben ignorarse. Este proceso no solo fue deficiente: fue abiertamente fraudulento y antidemocrático.
México no merece una simulación democrática. No podemos quedarnos callados mientras se normaliza una elección que, por su forma atenta contra el Estado de Derecho. No podemos permitir que este atropello se legitime sin consecuencias. Si hoy lo dejamos pasar, mañana será la norma. Y un país que se acostumbra a la ilegalidad, a la sumisión de sus instituciones, es un país condenado al retroceso.
Por eso, exigimos a las autoridades competentes, en especial al Tribunal Electoral, que anulen esta elección. Que reconozcan lo que la ciudadanía ya ve con claridad: que se trató de una farsa montada con el único propósito de debilitar el equilibrio de poderes. Que no validen este atropello a la democracia. México necesita una justicia independiente, no jueces de consigna.
Hoy más que nunca debemos levantar la voz, denunciar lo que está mal y defender la dignidad de nuestras instituciones. México merece más: merece un verdadero Estado de Derecho, no un simulacro
Rubén Castillo Sánchez
Politólogo
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